EL DESTROZO DEL BACHILLERATO EN EL MEDIO RURAL

IES Sª Mº de Carrizo (Carrizo de la Ribera) 18/10/2012
En este comienzo de curso ya se están plasmando las catastróficas consecuencias de los brutales recortes efectuados por la administración educativa regional. A la saturación de las aulas y la eliminación de puestos de profesorado se unen otras medidas que, aunque aparentemente no tan llamativas, tienen una importancia decisiva en el presente y el futuro de muchos jóvenes y vienen a poner de manifiesto la idea, de todos ya bien conocida, de que a las autoridades no les importa la educación sino el dinero. Una de estas medidas tiene que ver con la oferta de asignaturas de modalidad y optativas en el bachillerato. La Consejería de Educación, a través de su ORDEN EDU/491/2012, de 27 de junio, por la que se concretan las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito de los centros docentes, decidió elevar el nivel de exigencia en cuanto a número mínimo de alumnos a la hora de permitir o denegar la existencia de este tipo de materias en los institutos. Por increíble que parezca, la medida supuestamente busca un ahorro en el gasto público y no puede ser más desafortunada y perjudicial para algunos tipos de centros, especialmente los más pequeños y los que se ubican en las zonas rurales; sin duda, los más sensibles al recorte y los que, por razones obvias, más habría que mimar en todos los sentidos. Lamentablemente, la cuerda siempre se rompe por el lado más débil. Establece la nueva normativa recortada que “para la impartición de materias de modalidad y optativas en bachillerato (…) las Direcciones Provinciales de Educación, previo informe del área de inspección educativa, podrán autorizar el funcionamiento de grupos de materias de modalidad con un mínimo de siete alumnos y de optativas con un mínimo [de] ocho alumnos en el ámbito rural y diez en el ámbito urbano”. Resulta inconcebible que las sesudas mentes que han pergeñado este dislate no hayan tenido en cuenta la enorme desproporción que se produce entre las exigencias para los centros pequeños y las exigencias para los centros grandes, con el consiguiente perjuicio para aquellos desafortunados alumnos que no tienen otra opción que estudiar en las zonas rurales. Los números nos ayudarán a comprender el problema. En un pequeño instituto de la provincia de León (obviaremos su nombre y ubicación, para no herir susceptibilidades), que bien podría ser el paradigma de otra docena más de centros de dicha provincia con las mismas características, se acaba de denegar la posibilidad de formar grupos de las asignaturas de Latín, Griego y Dibujo de 1º de Bachillerato con una matrícula de 5 alumnos en las dos primeras y de 3 alumnos en la última, porque, nuevamente según las sesudas mentes que dirigen el cotarro educativo, las cifras no se ajustan a la norma. Lo curioso del caso es que la existencia de dichos grupos no supondría un aumento de la plantilla docente del centro, ya que los profesores encargados de las asignaturas tienen suficiente disponibilidad horaria para hacerse cargo de las mismas. Pero vayamos con las cuentas: si un centro de 250 alumnos (tal es el caso) necesita 8 alumnos para formar un grupo en una materia optativa y 7 en una de modalidad, ello significa que debe conseguir que un 3% del total de sus alumnos se matriculen en las mismas (exactamente, un 3,2% en las optativas y un 2,8% en las de modalidad). Sin embargo, en un centro de 1000 alumnos las exigencias se quedan en el 1% o menos (1% en las optativas y 0,7% en las de modalidad). En resumidas cuentas, a un centro rural de poco alumnado se le está exigiendo, como media, el triple de matrícula en el bachillerato para poder tener una oferta de materias medianamente decente. El problema no es precisamente nimio, dado que las opciones para estos alumnos que desean cursar dichas asignaturas -y no pueden hacerlo por una medida tan disparatada e injusta como esta- se reducen, y ello supone que sus expectativas académicas se cercenan. De hecho, estos alumnos se ven obligados o bien a cambiar sus preferencias hacia otras asignaturas y, por extensión, hacia otras modalidades de bachillerato -las cuales no siempre coinciden ni con sus preferencias personales ni con la idoneidad de sus propias capacidades académicas- o bien, en el peor de los casos, a cambiar de centro de estudio. Pero el daño va más allá. Mucho más allá, en realidad, ya que estas asignaturas que no se les va a permitir cursar forman parte de las pruebas de acceso a la Universidad y por lo tanto son claves en la elección de una u otra carrera universitaria. Ello supone que, en un futuro a medio-largo plazo, posibles ingenieros, por poner un ejemplo, deberán renunciar a serlo por el mero hecho de que los recortes presupuestarios priman sobre la sensatez social. En este caso, los alumnos pierden. La solución, entonces, pasaría por el acceso a los centros en los que sí se les permita cursar estas materias. Sin embargo, en este punto la situación se agrava con la discriminación que se produce entre los estudiantes de la ciudad y los de las zonas rurales. Aquellos tienen la posibilidad (si sus preferencias no se ofrecen en su centro) de acudir a otros centros de la misma localidad en los que sí se ofertan sus asignaturas, con un desplazamiento ciertamente sencillo. No ocurrirá lo mismo con los alumnos de las zonas rurales que, anteponiendo sus preferencias y su futuro a todo lo demás, decidan desplazarse por cuenta propia hasta la ciudad más cercana a matricularse en la modalidad que desean. En este caso pierden casi todos: los alumnos por tener que afrontar unas condiciones poco ventajosas, con desplazamientos a veces demasiado largos o estancias fuera de casa; sus padres porque tendrán que hacer frente a un desembolso extra; y, por último, los centros rurales de origen porque perderán parte de su alumnado. Hay dos cuestiones que conviene señalar como aderezo argumental a la problemática que nos ocupa. En primer lugar, la administración educativa regional lleva tiempo vertiendo a la opinión pública la idea de que, en los tiempos que corren, se hace preciso vincular la disponibilidad presupuestaria de los centros educativos a su rendimiento académico. En otras palabras, que con buenos resultados habrá mayor dotación económica. Es curioso que incluso se ha anunciado la puesta en marcha de programas oficiales al respecto (eso sí, como de momento no hay dinero para dar a los más diligentes, se les darán medios humanos y materiales). Pues bien, resulta que alguno de los centros a los que se está negando estas asignaturas y sus correspondientes modalidades de Bachillerato han obtenido, gracias en buena parte al esfuerzo de toda su comunidad educativa, unos excelentes resultados, tanto en los cursos relativos a la etapa de Bachillerato como en la prueba de acceso a la Universidad (sin mencionar su contribución directa a los buenos registros de los informes PISA que sitúan el nivel de nuestra Comunidad Autónoma en lugares punteros). Y sin embargo esta buena praxis académica no les sirve para que se les permita mantener su oferta educativa (por cierto, tampoco para que sus instalaciones y medios materiales lleguen siquiera a la condición de dignos). A la vista de esta paradójica situación, cabe preguntarse si eso de premiar los buenos resultados no es más que otro ejemplo de palabrería hueca y fácil por parte de nuestros dirigentes. En segundo lugar, y esto es lo más sangrante, estas medidas de recorte, que simplemente buscan seguir reduciendo las ya muy mermadas plantillas de profesorado y ahorrarse con ello unos euros, además de ser, desde una perspectiva social, profundamente injustas con el medio rural y contribuir al proceso de despoblación de estas zonas tan desfavorecidas, apenas tienen un pase moral decente, máxime si tenemos en cuenta cómo siguen campando a sus anchas políticos y políticas cuyo máximo interés parece ser el cobrar varios sueldos y multitud de dietas y no el bienestar de los ciudadanos o, en este caso, el porvenir de los jóvenes. Es preciso hacer constar ante la sociedad que las manifestaciones de las autoridades educativas acerca de su presunto interés en la calidad educativa no serán más que demagogia fea si no van acompañadas de hechos que las refrenden. Esperemos que los ciudadanos despierten de su letargo y comiencen a darse cuenta del grave deterioro educativo -y, por extensión, social- que se está perpetrando con la aplicación de medidas de este tipo. Si la demagogia y el engaño resultan siempre inaceptables, cuánto más en estos tiempos de crisis que padecemos.

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