WHISTLEBLOWERS (I)



                         En inglés, Whistleblower significa literalmente el que hace sonar el silbato, y es un término anglosajón, forjado en la imagen de los policías y marineros que utilizaban dicho instrumento para pedir ayuda o poner en alerta a la ciudadanía ante algún atropello ocurrido en plena calle. Actualmente whistleblower es una etiqueta con la que, en las sociedades de habla inglesa, se denomina al chivato. Pero no hablamos de un acusica cualquiera, de esos de medio pelo, un chavalete que delata a otro para que el profe no le castigue a él. No, nada de eso. En realidad, estamos hablando del chivato oficial, un título establecido por ley que designa a cualquier ciudadano que, espoleado por la orwelliana vocecilla gubernamental y megaconcienciado no sólo con su cumplimiento como miembro de una sociedad, sino especialmente con la farragosa tarea de apuntar, y emboscado en un anonimato garantizado, arroja su índice hacia quienes, en su particular y subjetiva opinión, no cumplen con sus obligaciones sociales. La idea no es nueva, ni mucho menos. Ya en 1778 se establecieron leyes en Norteamérica para proteger a los whistleblowers y fomentar su actuación, a la espera del enorme rédito que podría suponer al gobierno yanqui la inestimable ayuda de los miles de topos que, de súbito, fueron creados con la mera puesta en acción de una idea tan brillante como oscura: cada ciudadano se había convertido en un vigilante.
           
             Ahora resulta que en nuestra vieja piel de toro aparece una mente preclara que, yerma de ideas desde que su madre la empujó al mundo, y después de mucho revolver en ese baúl de la Piquer llamado historia, reinventa el asunto este del espionaje social y nos convierte a todos, así, a capricho y por decreto-ley, en espías y delatores. Montones de siglos después y aún no nos hemos despojado de nuestro cainismo ancestral y permanecemos henchidos de la fea herencia de Torquemada. El retroceso es evidente. Esta última ocurrencia, un buzón de correo electrónico en el que depositar anónimamente las denuncias contra quienes creamos sospechosos de fraude laboral o fiscal, procede del laboratorio de la penosa ministra de Empleo. En efecto, si ustedes gozan de buena memoria, la misma interfecta que en su día nos pidió rezar a no sé bien qué virgen para que nos arreglara la vida que ella y sus conmilitones nos estaban, nos están, hundiendo torpe e inmisericordemente. Ahora resulta que, en un alarde de imaginación, la jefa del peor gabinete en cuanto a rendimiento (la cifra de parados, dato objetivo, le delata) no parece tener a mano mejor herramienta para arreglar las cosas que crear un cuerpo popular de chivatos. Anónimos, eso sí:           

Para la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “el Estado de bienestar español y las conquistas sociales alcanzadas” están en peligro. Y no, la crisis no tiene la culpa. La gran amenaza se llama fraude laboral y, ante tamaño desafío, la ministra ha recurrido a un arma inesperada: el chivatazo ciudadano. Si sabe usted de una tienda que contrata a gente sin contrato, de un vecino que trabaja en negro o de alguien que cobra el paro de forma irregular, el Ministerio le invita a entrar en su página web y rellenar un formulario de forma anónima. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) tomará el relevo y, en su caso, investigará las presuntas "conductas fraudulentas e insolidarias".

Báñez ha anunciado este lunes, en una carta abierta a los medios, esta medida que completará el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que su departamento puso en marcha hace año y medio. El Ministerio llama así a cualquier persona que conozca incumplimientos de la normativa, "ya sea laboral, de Seguridad Social o de prevención de riesgos", a informar a la ITSS sin necesidad de aportar ningún dato personal.“Todos debemos involucrarnos en el objetivo común de erradicar el fraude”, defiende la ministra.

"El buzón solo recogerá información sobre las presuntas irregularidades de las que se tenga conocimiento", explica Empleo, que pide que los datos sean lo más detallados posible para que, si lo considera oportuno, pueda planificar las actuaciones "de la forma más adecuada". (el país, 06/08/2013)
 
        Me pregunto, no poco angustiado, si los habitantes de este país, inventores en su momento -por mucho que los libros de brujería digan otra cosa- del afamado pecado de la envidia, estamos capacitados para manejar, permítanme un juego de palabras, tanta responsabilidad con la responsabilidad que se merece. En mi sempiterno, y nada moderado, pesimismo, ya me veo el panorama: como mi vecino fulanito, el dueño del bar de la esquina, me cae fatal porque no me pone tapa con la caña y cuando aparca el coche en el garaje pisa la raya de mi plaza, voy a meterle un anónimo de esos y que se coma un mal trago de investigación, que le he visto yo debajo del mostrador un bote de propinas con aspecto de negro; o como perenganita le ha echado un piropete a mi Paco en el ascensor y no le quita ojo desde que a mi hombre le dio por hincharse los bíceps levantando las bombonas de butano, voy a entrar en esa güé y voy a poner los datos del maromo con el que vive la muy golfa para que se le pase un inspector por casa y le busque las vueltas al quiosco de chuches que regentan, que me da a mí que lo que sacan de los encurtidos no lo declaran. Y así ad eternum, confundiendo churras con merinas y destapando cajas de truenos en el nombre del joputa de Caín. Un horizonte de lo más desalentador, vaya.

(continúa)

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