EL FRAUDE (EDUCATIVO) COMO BANDERA

           Hace unas semanas fui requerido en un instituto de la provincia de León para apoyar, con mis supuestamente expertos comentarios (hay que ver lo rebosantes de imaginación que andan algunos), la presentación ante una asociación de padres del enésimo proyecto de ley educativa. Al alimón, y como quien no quiere la cosa, entre varios ponentes allí reunidos al efecto conseguimos destapar la caja de Pandora wertiana y provocar que nuestros espectadores, ojopláticos y boquiabiertos, se entregaran mansamente al hipnotizante espectáculo que les supuso descubrir los perniciosos ingredientes del nuevo jarabe formativo, de nombre comercial LOMCE, que ha puesto en guardia a todos cuantos se han atrevido a leer el prospecto y han dado en reparar en los efectos secundarios.
             De entre todas las muchas y variopintas calamidades que encierra el frasco de tan nociva esencia me van a permitir seleccionar una que considero particluarmente peligrosa, sobre todo si no se majea con el debido tiento: la reválida de bachillerato.
                Esta descabellada medicina ministerial contiene una inaudita, por ingente, dosis de tragos de control, espolvoreados por doquier a lo largo y ancho de todo el nuevo sistema educativo, cuyos efectos se dejarán notar a buen seguro entre el alumnado, tanto más entre aquellos elementos más proclives al estrés y la tensión pre-, in- y pos- examinantes, en una etapa crucial en la formación de las generaciones venideras. A mi modo de ver, se va a despertar un monstruo y se va a hacer realidad aquella disparatada, o tal vez no, teoría de uno de mis antiguos profesores de literatura inglesa, quien sostenía, adherido a un convencimiento asombroso, que "el hombre no es más que un animal examinado", lo que daba a entender que el único hábito que realmente nos separa del reino animal es la reiterada obligación de cumplimentar exámenes. Con la misma sonrisa, mitad escéptica, mitad burlona, con que recuerdo aquella chanza me sorprendo a mí mismo aceptando que la intuición del ínclito profe le había llevado a dar de lleno en la diana.
           El caso es que, de salir adelante la LOMCE tal y como está diseñada actualmente, nuestros alumnos de bachillerato tendrían que hacer frente a un panorama poco alentador: en apenas un mes, y con el único propósito de abandonar el instituto y acceder a la universidad, habrían de enfrentarse a los exámenes internos de sus centros para aprobar el bachillerato, a la reválida de final de dicha etapa para obtener el título y, finalmente, caso de querer entrar en la universidad, a la prueba de acceso, ya sea común, como la actual Selectividad, o específica de cada universidad o facultad. Una auténtica y, a mi modo de ver desproporcionada, carrera de obstáculos, la etapa reina de la vida escolar.
         En mi modesta opinión, lo más flagrante de este nuevo y enloquecido diseño educativo radica en la peculiar naturaleza del planteamiento de la reválida. Según el proyecto de la LOMCE, se pretende que esta prueba sea llevada a cabo por organismos ajenos al sistema educativo oficial a los que las administraciones educativas encargarían tal misión. Conociendo la voracidad crematística de los actuales dirigentes y, especialmente, de sus compinches en el trinque de la pasta pública, no se me hace difícil imaginar que la tarea de evaluar a nuestros alumnos (a los que nosotros hemos instruido durante dos largos cursos y estos organismos no conocen ni por asomo) será encomendada a empresas privadas, academias o similares. La imaginación de mis imaginarios lectores se bastará por sí sola para elaborar un horizonte muy fiable y verosímil sobre las consecuencias que pudiera tener el hecho de que este tipo de empresas se haga cargo de tal misión. Por ello no voy a dedicar en este artículo ni una sola línea a hacer leña de ese árbol, aunque daría para no pasar frío un par de largos inviernos.
           Me centraré, por el contrario, en resaltar lo que entiendo va a resultar la gran paradoja del nuevo sistema educativo, el mismo que, como una avalancha, como una fusta impelida por la cólera de algún dios rabioso, se nos va a venir encima y va a servir para separarnos, desde jovencitos, en dos bandos definitivamente irreconciliables.
        La paradoja no es sino una vuelta boca abajo de todo el concepto de educación seria y eficaz basada en lo público que, al estilo del norte de Europa, produzca ciudadanos hechos y derechos y evite fraudes sociales. La aspiración de acceder a ese modelo educativo ideal e idóneo, que ya se venía alejando de nosotros desde la llegada en 1990 de la infausta LOGSE (la madre de todos los males), se habrá perdido irremediablemente si no se produce un cataclísmico ataque de cordura en la sala de máquinas. ¿No decían que la esperanza es lo último que se pierde? Apañados vamos por ese camino.
           Para ilustrar mi argumentación, exhorto la ayuda de la historia y me encuentro con que, allá por el año 1857, en pleno (des)gobierno de Isabell II, la ley educativa elaborada por el ministro Claudio Moyano sentó las bases de lo que vendría a ser la moderna organización académica nacional, mediante un diseño basado en la supremacía de la educación pública, a la que debería someterse, como no podía ser de otro modo, cualquier centro que no tuviera la titularidad estatal. En el artículo 151 de la misma se podía leer textualmente:

Art. 151. Los estudios hechos en Colegios privados tendrán validez académica, mediante los requisitos siguientes:
Primero. Que los Profesores tengan la edad y el título universitario que exige esta ley para ser Catedrático de Instituto.
Segundo. Que se remitan anualmente al Instituto de la provincia las listas de la matrícula, satisfaciendo la mitad de los derechos.
Tercero. Que los estudios se hagan por los libros de texto designados por el Gobierno, y en el mismo orden y con sujeción a los mismos programas que en los establecimientos públicos.
Cuarto. Que los exámenes anuales se celebren en el Instituto a que esté incorporado el Colegio, y si estuviese en distinta población y a la distancia que los reglamentos señalen, bajo la presidencia de un Catedrático de aquella Escuela.

Contundente: cualquier tipo de enseñanza que no tuviera lugar en un centro público debía someterse al rigor científico y a la autoridad académica de los funcionarios públicos docentes en materia de certificación del nivel adquirido. O lo que es lo mismo, la titulación del bachillerato dependía, en exclusiva, de las pruebas celebradas en los centros oficiales. Algo lógico si no se quería incurrir en fraude. Por cierto, no olvidemos que estamos hablando de ideas surgidas hace un par de siglos.
Sin embargo, a lo largo de los últimos años hemos venido contemplando cómo este fraude se iba consumando poco a poco, mientras se despojaba a los funcionarios docentes de la capacidad de certificar los estudios conducentes a titulaciones oficiales de los alumnos que no estudian en la pública, permitiendo que tal autoridad recaiga en empresas privadas, llámense colegio X, y que éstas las expidan con cargo a la tarea de un profesorado que no sólo no ha sido seleccionado por la propia entidad expendedora del título, sino que en muchos casos ha accedido a su puesto por vías caprichosas que poco o nada tienen que ver con los sagrados principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen la contratación en los centros públicos. Con el debido respeto que profeso a quienes se ganan la vida de ese modo (excúsenme, por favor, de utilizar con ellos el término colegas, toda vez que no puedo considerarlos tales mientras no hayan transitado por los angostos pasillos de acceso en los que otros muchos nos hemos visto obligados a dejar media vida), en mi interior albergo un inevitable halo de sospecha hacia cualquier operación académica, titulaciones incluidas, que se halle fuera de la supervisión, no digamos ya de la ejecución, del ámbito público. Es mi particular forma de entender una parte fundamental del término higiene democrática. En ese sentido, no obstante, hace mucho que en este país andamos escasos de jabón.
Pues bien, la paradoja a la que anteriormente hacía mención se consuma ahora, 156 años después, en el momento en el que entidades del sector privado acabarán siendo las encargadas de decidir contranatura sobre la titulación del alumnado de los centros públicos. Donde Goya aseguraba con excelente tino que el sueño de la razón produce monstruos, ahora hemos de asegurar que las veleidades de la codicia provocan aberraciones. La peor de todas, el sempiterno intento de regresar a tiempos olvidados en las profundidades históricas.

    Reflexionemos un momento: otorgar la condición de funcionario a los docentes de la escuela pública no fue, en sus orígenes, un mero brindis al sol, ni mucho menos. Antes al contrario, fue una maniobra que proporcionaba la total garantía de la validez de cualquier título oficial, que buscaba legitimar y salvaguardar las titulaciones frente a posibles engaños, una herramienta, en suma, que garantizaba la justicia de los méritos adquiridos a lo largo de muchos años de esfuerzo. Esto son, por un lado, palabras mayores y, por otro, políticas profundas y coherentes. Un ejemplo de nuestra época sirve para ilustrar bien este planteamiento: actualmente se considera totalmente sensato el hecho de que nadie puede construirse una casa sin haber obtenido antes los permisos correspondientes, debidamente firmados por un funcionario de la administración correspondiente, el cual, además, deberá certificar que el resultado final se ajusta a la normativa. Del mismo modo, nadie puede conducir un vehículo si antes no ha sido examinado, y declarado apto, por un funcionario de la administración de tráfico. ¿Se imaginan lo que podríamos llegar a pensar si el gobierno decidiera otorgar a las autoescuelas la capacidad de expedir directamente el carnet de conducir según sus propios criterios? Inconcebible, ¿verdad? Bueno, pues algo así es lo que se está intentado con la educación: que vengan profesores, en el mejor de los casos (en el peor de los casos, ni eso siquiera), de empresas privadas a realizar reválidas que sirvan para obtener titulaciones correspondientes a estudios cursados en entidades públicas. Una aberración a la altura únicamente de una mente enloquecida como la que actualmente dirige, por siniestro encargo, el maremágnum educativo. El desquicie, pues, parece ya definitivamente instalado en unos dirigentes que, por una parte, no hace mucho llamaban irresponsable a quien realmente lo fue por condición, pero que, por otra, se empeñan absurdamente en la irresponsabilidad por convicción.
          Asistimos, entonces, a otra vuelta de tuerca (parecía imposible que aún se pudiera exprimir más el asunto) en la tarea del desmantelamiento, por desnaturalización, de la enseñanza pública, como paso previo al inminente desembarco de los filibusteros educativos, religiosos o de los otros, que uno ya no sabe cuál es peor. Este desguace es un error que estaremos pagando, a un alto precio y con intereses de usurero, durante muchas generaciones.

         Y, por último, aprovechando que el Bernesga pasa por aquí al lado y que acabo de hacer mención al maldito dinero, regreso a mi impenitente monomanía de la divagación, me concedo un breve paseo por los cerros de mi Úbeda mental, y cierro, como es habitual, con la inevitable profecía apocalíptica que caracteriza a quienes formamos parte del club de los Nostradamus de pacotilla.
Hablaba hace unas líneas de desmantelamiento. Pues bien, lo que la inmensa mayoría de la gente no comprende es que esta estrategia de destrucción de la enseñanza pública tiene dos fases y, de momento, aún estamos empezando a asistir tan sólo al comienzo de la primera, la que implica depauperar los centros públicos y sus condiciones hasta extremos que lleven a las familias al convencimiento de que la enseñanza concertada es mejor y se lancen en masa hacia ella. Me temo, y no quisiera pecar de soberbia adivinatoria, que nadie aparenta ir más allá en la visión de la jugada y todos parecen contentarse con creer que el final de la pugna se producirá cuando los dos sistemas estén bien delimitados, la concertada para los alumnos más guays, la pública para los menos guays (minorías étnicas, marginales y demás).
       Sin embargo, de completarse el ardid, la segunda fase resultará aún más dolorosa: para entonces, con la inmensa mayoría de la población escolar en los centros concertados, se pondrá fin a los conciertos educativos y las familias tendrán que pagar por llevar a sus hijos a esos coles tan guays. Las empresas privadas (religiosas incluidas, ¡ay!) se habrán apoderado del lucrativo negocio y las familias no tendrán la posibilidad (ni las ganas) de volver a la selvática enseñanza pública. Y a pagar se ha dicho. ¿Que exagero? Aguanten firmes en el recuerdo de lo que acabo de esbozar y luego me cuentan: está a la vuelta de la esquina.
Ah, y recuerden que el mismo día en que mis vaticinios educativos se cumplan, ya solo nos quedará gratis el aire que respiramos. Eso, y no otra cosa, es asomarse al precipicio.

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