NAPOLEÓN CRUZA EL PIRINEO



[…] esta intromisión propuesta, no por el propio Parlamento, sino por el Gobierno es una forma de matar a Montesquieu y a un sistema de separación de poderes que es garantía de control democrático y pervivencia del sistema político. Un sistema de separación de poderes que cada vez es más cuestionado por quienes tienen poder en cualquier ámbito ya sea económico o político, y al que ayudan todos los Gobiernos, a los que molesta cualquier tipo de control parlamentario.
          
         Aunque uno se llena de propósitos (me ahorraré los calificativos respecto a la calidad de tales intenciones) en esta zona sur del año es costumbre, diríase bastante saludable, por cierto, saltarse a la torera algunos proyectos y no cumplirlos o simplemente modificar su diseño. Me había propuesto a mí mismo ¿a quién si no? darle un descanso al blog  y dejar dormir mis inquietudes unos días, intentando sobre todo no caer en los tópicos navideños que nos atrapan sin remisión por estos días, aunque bien es cierto que la sola mención de estos fastos es un fracaso en sí  y una traición al planteamiento inicial. Sin embargo, no puedo mirar la página principal y ver que sigue atascada en la misma fecha sin sufrir un sobresalto similar al que sufro cada vez que, durante la noche, me despierto tras una pesadilla. Por lo tanto, vuelvo a la carga contra la paciencia de mis imaginarios lectores (observen que, en mi descaro infinito, ahora ya me atrevo incluso a imaginarlos en plural) y rescato del archivo otro texto que, presumo, hará las delicias de los amantes de la teoría de la conspiración.

           La protagonista es la ínclita presidenta de las tierras de Don Quijote, a quien he querido representar en lo más explícito de su figura con la foto que acompaña este post. Siempre me hizo mucha gracia el revuelo que se formó en las filas de quienes se la siguen cogiendo con papel de fumar cuando aparecieron, durante la visita de Obama a nuestro ¿país?, unas fotos de las hijas de zp ataviadas con atuendos de un gusto estético de difícil digestión. Nunca dejó de maravillarme, como el elefante del acertijo, que lo que en unos casos resultó un escándalo infinito ante la rebeldía adolescente, ahora parece ser algo normal en adultas hechas y derechas, aunque la sensación, a los ojos imparciales, de hallarnos contemplando un adefesio acabe siendo la misma en ambos casos. Y si además de lo estético, reparásemos en el preocupante fondo del asunto, que no es otro más que el propósito del atuendo, comprobaríamos que lo de la adolescencia (especialmente la estética) se pasa con el tiempo, pero esto otro de la foto de arriba no tanto, y acabaríamos entonces por sumirnos en un agujero negro ideológico del que resultaría poco menos que imposible hallar salida airosa. Permítame, amable lector imaginario, dejar para mejor ocasión este debate estético-filosófico, y centrarme en lo que venía a cuento de mi argumentación antes de tomar este largo rodeo.

             Decía que la presidenta de las tierras de Don Quijote ha decidido retirar sueldo y dedicación exclusiva a los parlamentarios de su, ahora ya sí, parlamento autonómico. No entraremos en la valoración de las cuantías económicas con que se pretende justificar esta medida, siquiera por el archiconocido leif-motif de este modesto blog siempre que se trata de otorgar credibilidad a los políticos españoles (contra el vicio de mentir, la virtud de no creer), sino en lo fundamental del asunto: el desprecio despótico al sagrado concepto de la representatividad, concepto que, como bien entenderán ustedes, no constituye sino el pilar básico sobre el que se sustenta todo estado de derecho democrático y contra el que no cabe cuestión alguna ni el más mínimo ejercicio de  intervención. En román paladino, meter ahí la mano es sustraer una riqueza infinitamente más importante que el dinero que se pretende ahorrar, mayor incluso que todo el oro del mundo o, si lo prefieren anglosajón, que todo el té de China: sustraer representatividad le convierte a uno en el peor de los chorizos. Tal honor, impropio de quien debe saberse, ante todo, electo (que no elegido), le cabe a esta señora.

             He encontrado un artículo magnífico de uno de los afectados, en el que explica, con detalle y finura argumentativa, cuáles pueden ser las consecuencias de tan despótica decisión. Les advierto que su lectura puede incrementar, si ello fuera realmente posible, el nivel de cabreo -cuasi-perpetuo a estas alturas de la película- que nos gastamos gracias a los gobernantes surgidos de la mayoría absolutista.

             Se lo dejo para que sigan royendo el duro hueso del apocalipsis y para que enjuguen los malos humores que nos ha dejado ese fin del mundo que pasó de largo abandonándonos a nuestra suerte en este reino de oscuridad (enlace a la fuente original):


El 18 de Brumario de María Dolores de Cospedal

Un Gobierno con escaso control parlamentario acabará cayendo en el despotismo absoluto


“No hay ningún ejemplo en la historia de las Revoluciones de una Asamblea que no haya sido la primera víctima de la violencia revolucionaria que ella misma aceptó legalizar”. Curzio Malaparte.


Fernando Mora

El 18 de Brumario del año VIII (1799) Napoleón Bonaparte subvirtió legalmente el orden constitucional establecido en Francia por la Revolución, doblegando la voluntad de los representantes de la soberanía nacional. Lo peculiar de esta actitud de Bonaparte fue que tal propósito lo hizo de manera “aparentemente legal”, arguyendo que “pretendía acabar con la corrupción del anterior Gobierno” (¿les suena?) de tal forma que fue la propia Asamblea de los Quinientos quién tomó la decisión de atender los propósitos del General, eso sí, bajo una irremediable coacción, a la que ayudó su hermano Luciano Bonaparte, presidente de la misma. O votaban a favor de lo que proponía o la Asamblea quedaría disuelta.

Napoleón, hombre listo, necesitaba de la apariencia legal para conseguir sus propósitos. Necesitaba que la Asamblea legitimase su “nuevo orden”, el que le posibilitaría primero ser primer cónsul y luego Emperador. Una intervención militar en la Asamblea solo daba legitimidad a la fuerza, que no era precisamente, el principio básico de legalidad, basado ahora en la soberanía popular, que había emanado de la reciente Revolución Francesa.

Pues bien, “mutatis mutandi”, y en unas circunstancias de crisis, María Dolores de Cospedal doblega la voluntad de las Cortes de Castilla–La Mancha para adoptar una decisión que recorta sustancialmente el ejercicio de la función representativa, es decir, quita de forma obligada la dedicación exclusiva de los parlamentarios a la tarea de representación de la soberanía popular.

En esta actitud bonapartista hay diversos elementos en juego. El primero de ellos, la manifiesta aversión a la política y los políticos que se ha instalado en la sociedad. Segundo, piensa que adoptando una actitud de estas características obtiene rédito político, al centrarse en un discurso descaradamente populista como es el de “quitar el sueldo a los políticos”, y para ello se ampara en que bien pueden compatibilizar esta tarea con la propia de su trabajo.

Sin embargo, la actitud de Cospedal va más allá de las circunstancias concretas y aparentes de contestación populista a la crisis. Obviamente la crisis es profunda, pero ésta se combate con más democracia, mas diálogo, mas representación, más participación, más trasparencia, mejor y mayor control parlamentario y mediático. Pero todo esto es molesto para quién tiene que tomar decisiones muy duras e impopulares.

Pero lo grave de esta decisión solo provoca la desvirtuación de las instituciones y su desprestigio social al dejar de cumplir la función que legalmente se les tiene encomendada, y muy particularmente en tiempos de crisis. Cuando miles de ciudadanos gritan en la calle “¡no nos representan!” están poniendo en duda el sistema de representación política, y por tanto, cuestionando el conjunto del sistema. ¿Con esta medida se calma o se convence a la calle de que los parlamentarios les representamos más? Yo creo que no, sino todo lo contrario, da cauce a nuevas expresiones de contestación. Los ciudadanos quieren que el Parlamento ejerza, con más fuerza, el control político sobre el Gobierno, sobre quién toma las decisiones, y sin embargo se opta por lo contrario, que es invalidar el papel del Parlamento reduciéndolo a un control en los tiempos libres. Un Parlamento depauperado, y unos parlamentarios sin medios y sin tiempo para ejercer su papel y comunicarse con los ciudadanos, carecen de la necesaria capacidad de control.

Las Cortes de Castilla-La Mancha, -también otros Parlamentos, incluido el nacional-, se han caracterizado siempre por no cumplir de forma adecuada su función representativa, posiblemente por un exceso de intromisión del Gobierno en la agenda parlamentaria. Pero lejos de corregirse este déficit, se ha optado por incrementarlo, dando más protagonismo al Ejecutivo y reduciendo el papel del legislativo.

Mal síntoma es que el presidente de las Cortes sea el número dos del partido en el Gobierno, que obviamente, lejos de mantener una actitud institucional escrupulosa toma partido por su propio Grupo y por el Gobierno que lo ha puesto, (como Luciano Bonaparte). Así, el Parlamento adecúa la agenda parlamentaria a la agenta de la presidenta del Ejecutivo. A ésta, sus múltiples funciones la impiden incrementar su presencia parlamentaria que queda reducidas exclusivamente a los jueves por la tarde – ¡y no todos!-. Ese día, el Ejecutivo mantiene reunión por la mañana, mientras que en la tarde acude a los Plenos de las Cortes Regionales. De esta manera no solo reduce la capacidad de control de la Cámara –a lo sumo cuatro preguntas al final de la tarde o primeras de la noche– y amortigua con ello el eco mediático del debate y las críticas de la oposición.

Pero a ello se añade el enjuague permanente para limitar o alargar en el tiempo la comparecencia de los Consejeros, ya sea en Pleno o en Comisión; la dilación en las respuestas escritas a las preguntas de los parlamentarios, las evasivas a las mismas o la falta de diligencia en la tramitación de las preguntas orales, tratando de obviar la inmediatez respecto del evidente problema. Un Gobierno con escaso control parlamentario acabará cayendo en el despotismo absoluto. Ganan quienes ejercen el poder, pero pierde la democracia.
Pero además, la posición de María Dolores de Cospedal significa una intolerable intromisión del Gobierno en la acción parlamentaria al ser ella quien propone eliminar la dedicación exclusiva de los diputados a su función de representación política y, por tanto, de control. No es un problema de sueldos como se pretende hacer creer, ni de profesionalidad en la política -hay más políticos profesionales en el Ejecutivo que en el Legislativo-sino de representación.
Pero además, esta intromisión propuesta, no por el propio Parlamento, sino por el Gobierno es una forma de matar a Montesquieu y a un sistema de separación de poderes que es garantía de control democrático y pervivencia del sistema político. Un sistema de separación de poderes que cada vez es más cuestionado por quienes tienen poder en cualquier ámbito ya sea económico o político, y al que ayudan todos los Gobiernos, a los que molesta cualquier tipo de control parlamentario.
Parece más que evidente la dudosa pulcritud democrática de acallar a las minorías de esta manera. La democracia se sustenta en el respeto por parte de la mayoría a los derechos de las minorías.
Esta medida supone una vuelta al sufragio censitario propio del siglo XIX, donde solo rentistas, funcionarios, profesionales liberales, empresarios o jubilados pueden tener acceso a la política. Es imposible que una empresa aguante a un trabajador–parlamentario que tenga que ausentarse dos o tres veces a la semana mínimo, para cumplir su función representativa por la presencia en Plenos o Comisiones, desplazándose incluso desde una distancia de 350 Km.
Pero es aún más inconcebible que una Comunidad Autónoma con un Presupuesto de cerca de 7.500 millones de euros no tenga el control parlamentario que ese volumen de dinero requiere, cuando justamente fue esto lo que dio origen al parlamentarismo.

Fernando Mora Rodríguez es politólogo y diputado de las Cortes de Castilla–La Mancha.
 

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